La situación de emergencia habitacional es un hecho para millones de personas y familias en España. Pese a que la vivienda es una necesidad básica reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Artículo 47 de la Constitución Española, la realidad es que su falta de protección hace que se sitúe como un elemento clave para definir las dinámicas de exclusión social. Y así, la falta de accesibilidad a una vivienda digna, la infravivienda, el chabolismo, y el sinhogarismo agravan las situaciones de pobreza de muchas personas.

Los datos del II Informe de Pobreza de EAPN-ES arrojan cifras alarmantes: únicamente un 27,9% de las personas en situación de pobreza severa tiene una vivienda en propiedad totalmente pagada. Así pues, un 53,3% de personas en situación de pobreza severa dedican más del 40% al mantenimiento de la vivienda, y un 46,5% dedican más de la mitad. A ello se suma la pobreza energética, derivada de los precios récords históricos de la luz, que lleva a que el 6,2 % no pueda mantener su vivienda con una temperatura adecuada. La falta de soluciones y dotación presupuestaria no ha ayudado, con un descenso en las ayudas al alquiler y en la construcción de viviendas protegidas. Un ejemplo es el parque de vivienda social, que ronda del 0,96%, frente al 9,3% de la media europea.

Desde EAPN-ES se ha elaborado una campaña que aboga por la consideración de la vivienda como un derecho humano y un bien de utilidad social, frente a sus usos mercantilísticos. España ha permitido, durante las últimas décadas, una política urbanística que concibe la vivienda como una fuente de especulación de grandes bancos y empresas, dejando en un segundo plano las necesidades residenciales de la población. Contar con una vivienda, con condiciones y dimensiones adecuadas y que sea accesible económicamente, es necesario para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas.

A partir de problemáticas concretas, el manifiesto elaborado para la Campaña #EmergenciaVivienda, en el marco de la Jornada “Exclusión residencial y Derecho a la Vivienda de Familias Vulnerables”. Función social de la vivienda en el contexto post COVID-19, propone ocho medidas para un replanteamiento integral del panorama.

Existen sobre la mesa grandes oportunidades que se pueden aprovechar, como la aprobación de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda y el nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Es prioritario situar la vivienda en el centro de la agenda política y presupuestaria a nivel estatal, autonómico y local. Pero ello también exige una elevada coordinación y corresponsabilidad entre administraciones públicas, colectivos y el Tercer Sector para afrontar dicha emergencia de forma eficiente.

Por ello, únete en tus redes sociales con testimonios, declaraciones o fotos para denunciar esta realidad, siempre junto al hashtag #EmergenciaVivienda.

Entra en https://www.participacionsocial.org/ermergenciavivienda  para obtener información y sumar apoyos a la campaña.